“Se habla de operativos, pero no se informa de la captura de quienes han hecho de las ejecuciones la demostración más pura de la impunidad y la venganza. Hay ejecutados, no hay ejecutores. Se reconoce a los muertos, pero no a las homicidas”.
A pesar de los intentos, más mediáticos que sustantivos, del gobierno federal por enfrentar a la delincuencia organizada, mientras reina la impunidad y la falta de castigo a quienes matan, secuestran o agreden, el hervor del fango criminal crece y amenaza con sofocar a la sociedad. El Estado no es capaz de defenderse siquiera a sí mismo. No hablemos del pasmo que lo afecta frente a los atentados contra Pemex, tan gravosos de varios modos. Agentes suyos, miembros del Ejército o de policías de los tres niveles, son un blanco del fuego delincuencial sin que la autoridad consiga frenar esa tendencia: "En casi 10 meses, por lo menos 58 jefes policiacos, 160 agentes y 22 militares han sido asesinados en el País, pero ninguna de esas muertes ha sido resuelta" (Reforma, 24 de septiembre).
La tasa de impunidad es altísima. El 31 de agosto, el procurador general ofreció un aterrorizante y descorazonador balance de las operaciones federales conjuntas: han sido detenidas 12 mil 344 personas por delitos contra la salud, pero ¡sólo 326 están siendo procesadas! De allí que no asombre que la violencia homicida cobre más víctimas cada día: en lo que va del año, según calculó El Universal, habían sido asesinadas mil 908 personas, 351 más que en el mismo periodo de 2006.
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