Freno al fundamentalismo

Pese a la resistencia de algunos, nuestra Constitución consagra y garantiza la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la de asociación y la de expresión, así como el derecho a la privacidad, que consiste en que ni el gobierno ni las Iglesias se inmiscuyan en las decisiones íntimas de las personas. Para nuestra Constitución, todas las personas valen lo mismo, y todas tienen el mismo derecho a conducir su vida de la manera que elijan, respetando el derecho de las demás. Estas garantías constitucionales requieren la existencia de un Estado laico que no admita imposiciones religiosas a la decisión ciudadana. Por eso, para que las personas tomen decisiones con libertad de conciencia respecto a dos actividades íntimas de sus vidas -la sexualidad y la reproducción-, la laicidad del Estado se vuelve una forma de protección ante el acoso del fundamentalismo.
Para la jerarquía católica la sexualidad es pecaminosa y sólo se redime si se vuelve un medio para reproducir a la especie. La inmoralidad intrínseca de las prácticas sexuales sólo es expiable si éstas se hallan dirigidas a fundar una familia. Por lo tanto, la sexualidad no heterosexual, no coital, sin fines reproductivos y fuera del matrimonio es definida como anormal, enferma, antinatura o moralmente inferior. De ahí también su homofobia, alentada por su ignorancia ante los planteamientos científicos en materia de sexualidad humana. Justamente la comprensión distinta de la condición humana que se da en la modernidad democrática se deriva de un saber científico sobre la sexualidad. Y este conocimiento ha otorgado a la homosexualidad un estatuto ético igual que el de la heterosexualidad, lo cual ha reformulado muchas cuestiones, entre ellas la aceptación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

El ABC de lo impune

Nada parece conmover a una sociedad que día a día se entera de peores cosas que, sin embargo, apenas alimentan la hoguera intrascendente del chismorreo, el insulto y el cinismo de la desesperanza. Allí está el caso extremo de la responsabilidad adjudicada por una comisión investigadora de la Suprema Corte a altísimas personalidades de la siempre impune política mexicana: los nombres y apellidos de funcionarios que por incumplidos o indolentes son corresponsables de la muerte de decenas de niños en la guardería ABC de Hermosillo pero que podrán seguir disfrutando de su riqueza enorme. Por ejemplo, en el caso del ex gobernador Eduardo Bours, símbolo de frivolidad, corrupción y altanería, y el actual secretario en materia de transportes y comunicación, Juan Molinar Horcasitas. Ellos fueron, ellos son, junto a otra lista de falsos servidores públicos, pero al igual que a las familias del poder, entre otros, los miembros en Hermosillo del clan intocado de los Zavala Gómez del Campo, nada grave les sucederá.

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La tragedia de la guardería ABC, negligencia criminal
El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales -incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares en otras partes del país.
Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.
La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.
En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.
“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.
Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.

Un cuento policiaco

En septiembre de 1996 el fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla recibió una llamada: el gobierno le pidió que averiguara el crimen del diputado Manuel Muñoz Rocha, así que el fiscal puso manos a la obra y contrató a una vidente llamada Francisca Zetina, mejor conocida como La Paca. Con la voz fantasmal que caracteriza a quienes tienen experiencia en comunicaciones con el más allá La Paca informó al fiscal que en la finca El Encanto, cuyo dueño era el hermano del ex presidente Carlos Salinas, se encontraba enterrada una osamenta. “Veo un cráneo en el corral, debajo del zacate”, dijo. Y enseguida añadió: “Es el cráneo que todo México anda buscando”. “¿Un cráneo? ¡Pero cómo!”, preguntó el fiscal, atónito, y no atinó a decir más. Después de un silencio que pareció eterno, La Paca continuó: “El muerto es el ex diputado Manuel Muñoz Rocha y fue asesinado por Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente”. “¿El que está preso en Almoloya?”. “El mismo”. “¿Está usted segura?”, preguntó Chapa. Silencio sepulcral. “¿Está usted segura”?, insistió el fiscal. “Esa pregunta me ofende”, respondió La Paca. “Mi deber es informarle que veo una osamenta, que el muerto es Muñoz Rocha y que murió a manos de Raúl Salinas, de muerte natural”. “¿Cómo de muerte natural?”, brincó sorprendido Chapa. La Paca hizo acopio de paciencia: “Con todo respeto. No hay nadie que resista un golpe con un bat de beisbol en la cabeza. Con un golpe así es natural que uno se muera. El cuerpo fue enterrado por el teniente coronel Antonio Chávez y por un médico de acento extranjero”.
A los pocos días la vidente hizo llegar al fiscal un mapa con la ubicación exacta del cráneo.
El 9 de octubre de 1996, luego de dos días de excavaciones en la finca El Encanto, fue hallada la osamenta. Ese día todos los periódicos de México publicaron la fotografía de un agente judicial que sostenía en la mano una charola con un cráneo y, como una Salomé indiferente, lo mostraba a la cámara.
El 2 de diciembre de 1996 el país amaneció con la noticia de que el cráneo no era el de Muñoz Rocha. La estatura comprobada de la osamenta no correspondía a la de ese muerto, dijeron los peritos, además de que los mechones del cabello resultaron negros y no casi completamente canos, como los que tenía el ex diputado.
El sábado 1 de febrero de 1997 todos los vipers (skytels) de todos los ciudadanos con este sistema de telefonía recibieron a la misma hora el mismo mensaje: “Urgente. La osamenta no es de Muñoz Rocha, sino del consuegro de La Paca”.

coimision investigadora y la abc

Señala la comisión investigadora que de las 1400 guarderías del IMSS que operan en el país bajo el esquema de subrogación, en sólo 14 (1%) se cumplen estrictamente las normas para su funcionamiento. Muchísimo dinero del presupuesto del IMSS se ha venido destinando a este esquema de subcontratación.
Siendo tan alta la magnitud de recursos destinados a tal fin, esos dineros con toda seguridad fueron objeto de auditorías periódicas. En tales revisiones se debieron, por norma, haber realizado Auditorías operacionales, financieras, de cumplimiento de programas, físicas y demás.

Esas auditorías corrieron a cargo de las siguientes instancias:

1.- La Contraloría Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social: El Contralor Interno y su cuerpo de auditores.
2.- Los Despachos de Auditores Externos contratados por el IMSS y designados por la Secretaría de la Función Pública.
3.- En su caso, los auditores gubernamentales de la propia Secretaría de la Función Pública.
4.- Los Auditores de la Auditoría Superior de la Federación.
5.- Por su parte, el Delegado de la Secretaría de la Función Pública designado ante el IMSS, debió haber tenido acceso a tales revisiones y a información complementaria, a efecto de conocer la situación que privaba y priva en las guarderías del IMSS.

Las personas que trabajan en tales instancias (contraloría interna, auditores externos, auditores gubernamentales, auditores de la ASF), todos cobran puntualmente sus honorarios y su papel fundamental es verificar el cumplimiento de las normas en todas las instancias de la administración publica.

A esos, sumemos:

1.- La Contraloría Municipal.
2.- Eventualmente, la Sindicatura.
3.- La Contraloría Estatal, toda vez que eventualmente pudo haber signado convenios con la SFP o con la ASF para verificar el cumplimiento de los programas en diversas áreas del IMSS

No veo en el dictamen ninguna referencia a estas instancias de seguimiento, control y fiscalización. Para eso están, en términos de las normas locales, estatales y federales: Deben revisar, prevenir, detectar y corregir las irregularidades en el funcionamiento de las entidades públicas sujetas a su control. Como ya se ha hecho costumbre en todas las áreas del gobierno, no lo hicieron. En el caso de la guardería abc. son corresponsables, administrativa, civil y penalmente, de los lamentables hechos ahí acontecidos

Todas esas instancias que fallaron en el caso de la Guardería ABC, tienen nombres y apellidos.

1.- ¿Quién es el Contralor Interno del Seguro Social y el Subcontalor responsables de verificar los programas de guarderías del IMSS? ¿Quién lo designó? ¿En función de qué se le designó?

2.-¿Quién es el Despacho de Auditores Externos que año con año revisó tal Programa?

3.- ¿Quién es el Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública que debió haber ordenado la revisión de tal Programa?

4.- ¿Quién era el titular de la Auditoría Superior de la Federación en el tiempo que acontecieron los hechos, cuántas revisiones hicieron y por qué no detectaron las irregularidades que ahora descubre la Corte?

5.- ¿Quien es el Delegado de la Secretaría de la Función Pública ante el IMSS, y qué tiene qué decir sobre el particular, y por qué en su función de Organo de Fiscalización, no detectó tales irregularidades a tiempo?

6.- ¿Quién es el Contralor Municipal?

7.- ¿El Síndico Municipal, qué tiene que decir al respecto?

Son corresponsables. No lo digo yo. Lo dicen las leyes.