Cómo reducir la violencia en México

Entre 2008 y 2010 la violencia registró un aumento drástico: cinco mil 207 ejecuciones en 2008; seis mil 587 en 2009 y quizá unas 11 mil 800 en 2010. El 80% de las ejecuciones registradas entre diciembre de 2006 y julio de 2010 han ocurrido en 162 de los dos mil 456 municipios del país.

Para disminuir la violencia, los esfuerzos de la autoridad deben concentrarse en acciones que eleven considerablemente el costo de asesinar. Si los criminales perciben que el costo de asesinar es cero o cercano a cero, las tasas de violencia tenderán a aumentar, lo que agravará a su vez el problema de la impunidad. Una vez dentro del círculo vicioso de la violencia, el reto es aumentar las capacidades de aplicación de la ley para que sea posible amenazar creíblemente a los delincuentes.

Si la aplicación de la ley estuviera enfocada en las organizaciones criminales más violentas, en lugar de las más grandes, más visibles o más vulnerables, una organización criminal revaloraría los beneficios de la violencia como una herramienta útil de negocios frente a la desventaja de convertirse en un objetivo de las agencias policiales y militares.

Los delincuentes tienden a ser individuos que valoran más la gratificación presente que el castigo futuro. Por tanto, mientras más tiempo medie entre la violación de la ley y la aplicación de sanciones, menor será la capacidad disuasiva de la pena. Asimismo, si hay incertidumbre en el vínculo entre crimen y castigo (i.e., si los criminales piensan que una sanción es producto de la mala suerte y no el resultado de su conducta) los efectos disuasivos de la pena se debilitan.

Para Kleiman, aumentar la capacidad disuasiva de un castigo implica que éste sea rápido y cierto en lugar de severo. La severidad implica utilizar una gran cantidad de recursos en un reducido número de delincuentes, y entre más severa sea la sentencia es menos probable que ésta sea impuesta, además de que el proceso requerirá más tiempo. En cambio, la lógica básica de la disuasión para un actor racional, dice Kleiman, consiste en suponer que un sujeto nunca violará la ley si tiene certeza de que será castigado y de que la multa por violar la ley será superior a las ganancias que genera tal violación.

Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego (-), en 2001 se registraron mil 80 ejecuciones, en 2002 mil 230, en 2003 mil 290, en 2004 mil 304, en 2005 mil 776, en 2006 dos mil 120 y en 2007 dos mil 280.

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Felipe Calderón Hinojosa, el comandante en jefe de las fuerzas armadas; el autodenominado “hijo desobediente”; el “ganador” de la presidencia por medio punto porcentual de la votación emitida; el de los desplantes autoritarios más bien cercanos al berrinche; el que quiere tapar con más sangre la de los niños asesinados en la Guardería ABC, en Hermosillo; el que ha acompañado su guerra militar con una guerra contra el trabajo digno y el salario justo; el del calculado autismo frente a los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez; el que reparte etiquetas mortuorias de “miembros del crimen organizado” a los niños y niñas, hombres y mujeres que fueron y son asesinados porque sí, porque les tocó estar en el calendario y la geografía equivocados, y no alcanzan siquiera el ser nombrados porque nadie les lleva la cuenta ni en la prensa, ni en las redes sociales.

De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de las cuales 30 mil 913 son casos señalados como “ejecuciones”; tres mil 153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-agresiones”.

El porno y la droga

Por Fernando García Ramírez

En México la piratería (me refiero en particular al copiado ilegal de películas y música) es un negocio que emplea más personas y produce más utilidades que el narcotráfico. El año pasado se estimaron las utilidades de la piratería en 74 mil millones de dólares, por encima de los 40 mil millones del narcotráfico, de los 25 mil millones que nos aporta el petróleo, los 21 mil millones que nos reportan las remesas y muy encima de los 11 mil millones de dólares generados por el turismo. En el gran mundo del comercio ilegal, la piratería ocupa la punta de la pirámide. Pero para combatir a la piratería no se moviliza el ejército, ni la marina, ni la AFI y apenas un poco la SSP. Aunque la piratería está casi en cada esquina, no se sabe de enfrentamientos a balazos por la pelea de las plazas. Claro que hay grandes cárteles, no podría no haberlos. ¿Por qué el gobierno federal emplea más de cien mil efectivos para combatir el narcotráfico y en cambio la piratería informal está visible en todos lados? Porque se trata de un producto ilegal tolerado. ¿Por qué no vemos balaceras en las esquinas por la disputa de los puestos de videos piratas? Porque se trata de un mercado regulado, ilegalmente, por las autoridades.

Antes, en el México priista, ocurría eso con las drogas. El gobierno regulaba la producción, arbitraba entre los que las producían y las transportaban, e imponía ciertas reglas: que no vendan ciertas drogas en el país, que no armen balaceras en las ciudades, que sean generosos con la autoridad que los regula. El combate a las drogas (medios inundados de sangre) produce un resultado social –el miedo de los ciudadanos–.