sobre la reforma política de México

Cómo construir mayorías en el Legislativo. Una es operar sobre el sistema de partidos. Otra es operar sobre el sistema electoral, es decir, sobre la manera que se traducen votos en escaños. No hay un solo método para construir una mayoría legislativa.

Un presidente que para sacar sus reformas acuda de manera regular al referéndum, haría prácticamente decorativas a las instituciones mediadoras donde se expresa la pluralidad política. Me refiero al Congreso. El referéndum tiene que ser una fórmula extrema y complementaria de la democracia representativa, no una catapulta para desgastar aún más al circuito representativo.

El proceso legislativo es lento, difícil, laborioso, porque traduce fielmente la pluralidad ideológica. La esencia de la democracia representativa es identificar soberanía popular con mayoría legislativa. Pueden existir, para distintos tipos de decisiones, diferentes tipos de mayoría: simple, absoluta o calificada. Puede uno, excepcionalmente, sustituir la mayoría calificada de la democracia representativa por la mayoría simple de la democracia directa: eso es el referéndum constitucional.

No es fácil conciliar el derecho de las mayorías a decidir con el derecho de las minorías a discrepar. Es el viejo problema de la democracia representativa: cómo establecer reglas para que unos pocos, en nombre de algunos, gobiernen a todos.

Para resolver esa encrucijada se necesita garantizar que la mayoría hecha gobierno no obstruya la posibilidad de la alternancia política, que es la esencia del respeto a las minorías. Si ningún partido tiene mayoría es porque el electorado no quiere darle demasiado poder a nadie. Y si diversos partidos minoritarios no logran ponerse de acuerdo es porque carecen de cultura democrática. Pero eso es una doble falacia. No existe una voluntad ciudadana abstracta independiente de reglas electorales concretas. La voluntad del electorado define qué mayoría particular se constituye, no cómo se construyen en general las mayorías. Por otro lado, los partidos políticos existen para ganar elecciones y llegar al poder y sólo se ponen de acuerdo con partidos opuestos si eso les ayuda a ganar elecciones para llegar al poder.

Siempre está la posibilidad de construir mayoría a través de la negociación y el acuerdo. Existe hoy una contradicción entre sistema electoral y sistema de gobierno. Entonces hay que definir: o me quedo con el primero y cambio el segundo, o me quedo con el segundo y cambio el primero. Una cosa son las mayorías electorales y otra son las mayorías parlamentarias. Son dos fenómenos distintos que responden a factores y lógicas distintas. Se puede crear mayorías electorales y no tener mayorías parlamentarias. Se puede crear mayorías electorales antes de las urnas (coaliciones) o en las propias urnas (el voto mayoritario a un partido) pero después no traducirse en coaliciones al interior del Congreso.

La discusión es cómo se construye la mayoría. Uno, operar sobre el sistema de partidos, intentar diseñar un sistema bipartidista que por definición genera mayoría. La otra fórmula es la de otorgar por ley la mayoría absoluta en el Congreso a quien obtiene la mayoría relativa de votos en las urnas. Creo que la representación en el Congreso debe mantener una correlación lo más exacta posible entre votos y escaños. Si la solución no es excluir partidos ni artificialmente convertir a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de representantes, hay que operar sobre el sistema de gobierno para facilitar la edificación de una mayoría.

Estoy en contra de la retórica que ha puesto en pie las candidaturas independientes: esa confrontación entre ciudadanos y políticos, en donde los ciudadanos serían los portadores de los valores positivos y los políticos de los valores negativos. Nos vamos a encontrar con que los candidatos independientes son partidos que no dicen su nombre. Pensemos en los candidatos independientes a la presidencia de la República: ¿puede alguien ser candidato a la presidencia de la República sin que lo acompañen candidatos a senadores, a diputados? Si la ley obliga a que el candidato presidencial vaya acompañado de candidatos a senadores y diputados, no habrá duda de que estamos frente a un partido. Ahora, si no se pone esa condición, será un partido personalista, una plataforma eficiente de lanzamiento para llevar a alguien a la presidencia, que en el caso de ganar lo haría sin un solo diputado y un solo senador de su propia organización. Los partidos políticos son inescapables ahí donde hay elecciones y ahí donde hay Parlamentos. Se pueden llamar alianzas, movimientos, como se quiera, pero no dejan de ser partidos.

El sistema presidencial tiene ese problema; se requiere el acuerdo de dos poderes para procesar las decisiones.

Los temas de referéndum, plebiscito, iniciativa popular, pueden ser procesados y ojalá no se sobrevenda la idea de que nos van a resolver los problemas de gobierno. Ésas son fórmulas que pueden ser adicionales a la democracia representativa, que pueden ser utilizadas de vez en vez, pero que no pueden ni deben sustituir los mecanismos de la democracia representativa.

Madison lo dijo bien: el Congreso debe ratificar a los miembros del gabinete pero sólo el presidente puede nombrarlos y removerlos: no debe comprometerse la independencia política del Ejecutivo frente al Legislativo.

Una reforma que conciliara mejor equidad en la representación política con eficacia en la acción legislativa.

Me parece que en este país hace falta una reforma del poder, más que una reforma política: una reforma del poder que acabe con la impunidad, con los privilegios de los sindicatos, los privilegios de los monopolios, la tramitología, la incapacidad y corrupción burocráticas. Lo que urge cambiar son las instituciones económicas y de impartición de justicia, y los incentivos que generan.

La democracia y sus límites

Para formular un juicio sobre el desarrollo de la democracia en un país determinado no se debe hacer la pregunta ‘¿quién vota?’ sino ‘¿en cuáles asuntos puede uno votar?’. La democracia es compatible con la desigualdad, la injusticia, el cumplimiento parcial de las leyes, las mentiras y la ofuscación, un estilo político tecnocrático, e incluso con una buena dosis de violencia arbitraria. La vida cotidiana de la política democrática no es un espectáculo que inspire reverencia: una riña sin fin entre ambiciones mezquinas, retórica cuyo propósito es ocultar y engañar, dudosas conexiones entre el poder y el dinero, leyes que no pretenden siquiera ser justas, políticas que refuerzan el privilegio. No sorprende, por tanto, que después de la liberalización, la transición y la consolidación, hayamos descubierto que hay algo que todavía falta mejorar: la democracia. Como John Stuart Mill observó en alguna parte, “sin salarios decentes y alfabetismo universal, ningún gobierno de opinión pública es posible”. Mas no hay nada en la democracia per se que garantice que los salarios serán decentes y el alfabetismo universal. La solución del siglo XIX a este problema fue restringir la ciudadanía a quienes estuvieran en condiciones de ejercerla. Pero hoy la ciudadanía es nominalmente universal, al tiempo que muchas personas no disfrutan de las condiciones necesarias para ejercerla.

Los gobiernos que emanan de elecciones democráticas pueden ser: ineficientes e incapaces, corruptos e irresponsables, cortos de miras y dominados por intereses particulares. Se dio por sentado que el fin del dominio del PRI traería en automático una etapa en la que las políticas consensuadas produjeran políticas públicas que respondieran mejor al “interés público”, entendidas como aquellas que alientan el crecimiento económico, servicios públicos universales y de calidad, más justicia social, menor corrupción y sobre todo nuevas formas del ejercicio del poder. La ecuación de la democracia tiene dos lados. Conlleva y exige no sólo la representación plural sino la cooperación entre los integrantes de esa pluralidad, no sólo la clara delimitación entre las facultades de las ramas de gobierno sino su colaboración, no sólo el establecimiento de nuevas reglas de la competencia sino la disposición a respetarlas, no sólo la creación de órganos autónomos sino el compromiso de no capturarlos y acogerse a sus decisiones. Pusimos en práctica las primeras pero no las segundas.

Más que el arreglo político que define la forma de gobierno —sistemas parlamentarios exitosos y desastrosos, presidencialismos prósperos y ruinosos, multipartidismos productivos e ineficaces, gobiernos divididos en pleitos paralizantes y capaces de llegar a acuerdos— son las instituciones económicas y legales las que modelan la conducta de las elites y de los ciudadanos. Por eso habría que apostar a aquellas reformas que lleven al crecimiento económico y al fortalecimiento de la legalidad. Seguimos siendo un país de fueros y privilegios y no uno de igualdad ante la ley.