Durante décadas se les advirtió que sus formas de hacer política y su estrategia económica excluyen -de la economía y de la política- a muchas personas. Desde los tiempos de Salinas se les dijo que no estaba bien hacer fraude ni negociar a espaldas del electorado los puestos de elección popular ni repartir la propiedad pública entre un puñado de logreros ni generar riqueza selectiva a costa de hundir a una porcion en una miseria sin esperanzas; que no era correcto el reclutamiento por medio de la corrupción, que no se debía pervertir la política social convirtiéndola en ariete electorero ni pregonar el triunfo personal por encima del interés colectivo, ni destruir el tejido social con tal de presumir ingresos a la OCDE y demás mamarrachadas de yuppie. Y después se les señaló que no estaba bien endeudar al conjunto de la ciudadanía para salvar a unos cuantos rateros de cuello blanco, que era contraproducente tripular la inflación para beneficiar a unos cuantos y joder a la mayoría. Se les dijo que a fuerza de adelgazar al Estado acabarían por suprimir su presencia no sólo en los ramos económicos sino también en territorios.
Se les hizo ver que los hijastros del presidente no debían adquirir propiedad pública en una parte ínfima de su valor para luego revenderla cien veces más cara; que las corporaciones de la fuerza pública deben dar ejemplo de conducta legal incluso cuando se trata de reprimir. Se les dijo, oligarcas, gobernantes y funcionarios, que era contraproducente combatir la delincuencia sólo en sus expresiones últimas, y era necesario atacar las causas: la desintegración social, la miseria, las carencias de empleo, educación y salud, la marginación social.
Pero no hicieron caso. Su soberbia y su ambición no han tenido límites, y ahora hay, en Michoacán, en Ciudad Juárez, en el noreste y en otras zonas del país, un asunto aterrador: la delincuencia con respaldo social. Ese respaldo no se produce nada más porque haya malos ciudadanos, sino porque ustedes, potentados, legisladores, ministros, gobernadores, secretarios, caciques y charros sindicales, han privado a millones de personas de todo margen para ejercer su ciudadanía, de reclamar justicia si no es por propia mano y de ganarse la vida en otro ámbito que el de la delincuencia.
Acaso esta catástrofe sí era lo que pretendían lograr desde un principio. Pero ahora no vayan a salir con que nadie se los dijo.
