Organizarse: derecho laboral

El universo sindical es uno de los más opacos que existen dentro del espacio público. Durante el viejo régimen sólo se podía ver lo que ahí ocurría desde la cúspide del poder presidencial. Los jefes del Ejecutivo llevaban la contabilidad de las prebendas que los sindicatos recibían por parte del Estado. Sin embargo, ni los trabajadores afiliados, ni los observadores externos de la sociedad, estaban enterados de lo que ahí sucedía. Esa era una de las protecciones con las que contaban los líderes para perpetuarse en el poder. Mientras no tuvieran que rendir cuentas a sus agremiados sobre las cuotas recibidas, sobre las negociaciones finas con los patrones, sobre los fondos de pensión, difícil era que un nuevo líder viniera a quitarles su cargo. La única regla no escrita fue que los dirigentes aseguraran al Presidente control, orden y votos para beneficio del sistema. Control para que líderes sociales de la oposición no penetraran el espacio sindical. Orden para que las calles se vieran protegidas frente a la eventual presión social de los trabajadores. Y votos para que el PRI siguiera gobernando.
Con la alternancia las cosas cambiaron en una sola coordenada. Con la llegada del PAN al poder, los liderazgos obtuvieron el único tramo de autonomía que les hiciera falta. Sin una autoridad superior que les exigiera, se volvieron inmunes frente a toda intromisión externa sobre sus gremios. Por toneladas se cuentan los afiliados a entelequias que no existen. Trabajadores que pagan su cuota sindical a un dirigente que no eligieron, que no reciben prestaciones ni ven defendidos sus derechos porque su líder es socio de los patrones. También por montones se cuentan las empresas que le pagan al mes a ese mismo dirigente a cambio de que sus trabajadores no les vengan con impertinencias.
La falta de transparencia dentro del universo laboral es la gran responsable de esta simulación. Sólo el líder sindical está enterado de lo que ocurre en su organización y los demás agremiados sobreviven sin información. El Estado debería tratar de modificar esta infame situación. Asegurar la transparencia, promover la rendición de cuentas, impulsar la pluralidad democrática y modernizar la representación sindical. Sin embargo, frente a cualquier intento por abrir la escotilla de esas recámaras, los dirigentes salen a gritar que se está violando el principio de la autonomía sindical. Quieren que sus cotos sigan siendo islas impunes donde sólo ellos ordenan. No están dispuestos a que sus cuentas se revisen, su número de afiliados se certifique, sus procesos de elección de representantes se validen, sus negociaciones con los patrones se iluminen, las prerrogativas políticas que han adquirido se vuelvan públicas y los cargos que han ocupado puedan ser peleados por otros trabajadores. En este estado de las cosas, el derecho a organizarse consagrado por la Constitución es papel mojado. El derecho a organizarse es de los trabajadores y no de sus sindicatos. Son ellos quienes deben decidir el destino de la representación laboral y no sus dirigentes.