Por: Francisco Valdés Ugalde
La Constitución es el pacto; el
recuento expreso de los derechos que tenemos los mexicanos y la estipulación de
la forma en que nos damos gobierno. Son las reglas del juego fundamentales; las
que deben dar certidumbre sobre lo que a cada quien corresponde dar y recibir;
las que encierran los valores esenciales de la convivencia económica, política,
social y cultural. Las segundas son las formas concretas de instrumentar esos
valores, reglas y derechos, de ponerlos en práctica, de hacer que se respeten y
que sean "justiciables". El valor fundamental de una democracia
constitucional es la justicia y sus dos ramas principales la equidad y la solidaridad.
Toda acción contraria a ese valor, sea ocasional o sistemática, pone en riesgo
al Estado y somete a la sociedad al arbitrio de poderes ilegítimos.
En nuestro sistema constitucional,
esa diferencia de dimensiones hace que la Constitución y la ley operen
diferente. Por ello hay órganos facultados para decidir o garantizar la
constitucionalidad y otros para la legislación ordinaria. Modificar la
Constitución requiere mayoría calificada en el Congreso general y el concurso
de la mayor parte de las legislaturas de los estados. La legislación federal
requiere del acuerdo de la mayoría de ambas cámaras del Congreso o de alguna si
se trata de materias exclusivas. Las legislaturas estatales están subordinadas
a la Constitución y las leyes federales y deben legislar de conformidad con
ellas.
La rigidez de la Constitución impide su
transformación a capricho en un medio democrático y competitivo.
Lamentablemente no era así cuando estas condiciones no se reunían y el
presidente era el gran legislador a través de la subordinación de los poderes
Legislativo y Judicial.
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