La seguridad de las personas y de su patrimonio, la observancia de las leyes y el orden público deben ser el piso común de la convivencia social: no seguridad que vulnere derechos ciudadanos, no seguridad que erosione garantías individuales, no seguridad autoritaria que pase por encima de leyes e instituciones. Sino una política de seguridad articulada con la defensa de los derechos humanos, desplegada en un marco de pluralidad política, y cuyos objetivos básicos sean la defensa de las personas, su patrimonio y de nuestra germinal democracia. Las normas que hay que modificar o fortalecer, las instituciones que hay que reformar, las políticas sociales que debemos desplegar.
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