Maneras de que un gobierno envíe mensajes a una sociedad

Hay muchas maneras de que un gobierno envíe mensajes a una sociedad. El manotazo de Díaz Ordaz en el Congreso de la Unión decía no solamente que mantendría una mano dura sino que asumía las consecuencias. O el traje militar de Felipe Calderón. Los ejemplos sobran. En nueve meses de gobierno, Enrique Peña Nieto mandó un primer mensaje relacionado con la impartición de justicia: si Florence Cassez no recibió los beneficios de un sistema judicial justo, debía ser excarcelada. Salió libre. Un triunfo para el debido proceso y una bofetada para un sexenio, el de Calderón, que en aras de una guerra violó los derechos de miles, según organizaciones nacionales e internacionales. Luego vinieron otros mensajes del sexenio de Peña Nieto. En un principio, el arresto de Elba Esther Gordillo se tomó como una causa justa y luego derivó en lo de siempre: un arresto político más. Le siguieron, en cascada, otra serie de liberaciones que hasta la fecha son incomprensibles. Primero Raúl Salinas de Gortari: quedó libre y le regresaron sus bienes. Luego fue la salida del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Después, la del asesino intelectual del periodista Manuel Buendía; el ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, abandonó la cárcel. Poco antes salieron los generales de prisión, en un caso que  remendaba un error deliberado de la justicia en tiempos de Calderón. El último mensaje que ha enviado el sistema judicial en tiempos de Peña Nieto es que no importa la impartición de la justicia, sino el peso que se tiene en el Estado para que se te haga justicia. A los amigos, la benevolencia; a los opositores, la mano dura. En un país en el que un hombre vinculado con el pantano más sucio puede estar libre; en un país donde un maestro indígena lleva 13 años encarcelado sin pruebas, habría que preguntarse cuál es la idea del progreso. Desgraciado, tzotzil Patishtán, que no tiene un hermano ex Presidente, ni cuentas en Suiza, ni pasaportes falsos con un apellido distinto. Desgraciado Patishtán, quien por azares de la vida no es parte del Grupo Atlacomulco, ni se acuesta con españolas hermosas, ni tiene yates ni ranchos incontables, como Raúl Salinas de Gortari.

 Sinembargo, septiembre13

La juridización de lo político

Los ciudadanos piden cada vez más a los tribunales aquellos resultados que ya no esperan obtener a través de las urnas. El juez va tomando importancia en la esfera política. Se considera la sentencia como una forma superior a la votación, en cuanto a su aptitud de producir resultados más concretos y tangibles.

reclamo eterno

Marisela en su viacrucis

Bart y la justicia

Delincuentes unos y otros

El esfuerzo oficial por hacer creer que el problema del crimen se reduce a la esfera de los criminales y eventualmente de algunos mandos y corporaciones policiales corrompidas ha llevado a crear una ilusión: el resto de la estructura política y judicial del país esta incólume. Hay narcotraficante y policías corruptos pero no políticos involucrados en la industria criminal. Cae éste o aquél otro capo, o éste o aquél otro mando policial, pero nunca aparecen políticos involucrados en ese turbio negocio. Oficialmente, México sólo ha tenido un solo gobernador involucrado con el narco, todos los demás son autenticas santidades de la política nacional. Se ha formado así la idea de que los grandes narcotraficantes son tipos mal vestidos y encarados, torpes en su expresión pero de una enorme inteligencia porque, en esa lógica, producen droga, diseñan sofisticados sistemas logísticos para el trafico de ella, comandan ejércitos de sicarios y son inteligentísimos ingenieros financieros porque lavan dinero de mil y un formas y, como agregado, tienen un apreciable don empresarial porque expanden su industria a ramos tan diversos como la venta de protección, secuestro, extorsión, piratería, etc.

El ABC de lo impune

Nada parece conmover a una sociedad que día a día se entera de peores cosas que, sin embargo, apenas alimentan la hoguera intrascendente del chismorreo, el insulto y el cinismo de la desesperanza. Allí está el caso extremo de la responsabilidad adjudicada por una comisión investigadora de la Suprema Corte a altísimas personalidades de la siempre impune política mexicana: los nombres y apellidos de funcionarios que por incumplidos o indolentes son corresponsables de la muerte de decenas de niños en la guardería ABC de Hermosillo pero que podrán seguir disfrutando de su riqueza enorme. Por ejemplo, en el caso del ex gobernador Eduardo Bours, símbolo de frivolidad, corrupción y altanería, y el actual secretario en materia de transportes y comunicación, Juan Molinar Horcasitas. Ellos fueron, ellos son, junto a otra lista de falsos servidores públicos, pero al igual que a las familias del poder, entre otros, los miembros en Hermosillo del clan intocado de los Zavala Gómez del Campo, nada grave les sucederá.

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La tragedia de la guardería ABC, negligencia criminal
El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales -incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares en otras partes del país.
Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.
La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.
En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.
“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.
Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.

coimision investigadora y la abc

Señala la comisión investigadora que de las 1400 guarderías del IMSS que operan en el país bajo el esquema de subrogación, en sólo 14 (1%) se cumplen estrictamente las normas para su funcionamiento. Muchísimo dinero del presupuesto del IMSS se ha venido destinando a este esquema de subcontratación.
Siendo tan alta la magnitud de recursos destinados a tal fin, esos dineros con toda seguridad fueron objeto de auditorías periódicas. En tales revisiones se debieron, por norma, haber realizado Auditorías operacionales, financieras, de cumplimiento de programas, físicas y demás.

Esas auditorías corrieron a cargo de las siguientes instancias:

1.- La Contraloría Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social: El Contralor Interno y su cuerpo de auditores.
2.- Los Despachos de Auditores Externos contratados por el IMSS y designados por la Secretaría de la Función Pública.
3.- En su caso, los auditores gubernamentales de la propia Secretaría de la Función Pública.
4.- Los Auditores de la Auditoría Superior de la Federación.
5.- Por su parte, el Delegado de la Secretaría de la Función Pública designado ante el IMSS, debió haber tenido acceso a tales revisiones y a información complementaria, a efecto de conocer la situación que privaba y priva en las guarderías del IMSS.

Las personas que trabajan en tales instancias (contraloría interna, auditores externos, auditores gubernamentales, auditores de la ASF), todos cobran puntualmente sus honorarios y su papel fundamental es verificar el cumplimiento de las normas en todas las instancias de la administración publica.

A esos, sumemos:

1.- La Contraloría Municipal.
2.- Eventualmente, la Sindicatura.
3.- La Contraloría Estatal, toda vez que eventualmente pudo haber signado convenios con la SFP o con la ASF para verificar el cumplimiento de los programas en diversas áreas del IMSS

No veo en el dictamen ninguna referencia a estas instancias de seguimiento, control y fiscalización. Para eso están, en términos de las normas locales, estatales y federales: Deben revisar, prevenir, detectar y corregir las irregularidades en el funcionamiento de las entidades públicas sujetas a su control. Como ya se ha hecho costumbre en todas las áreas del gobierno, no lo hicieron. En el caso de la guardería abc. son corresponsables, administrativa, civil y penalmente, de los lamentables hechos ahí acontecidos

Todas esas instancias que fallaron en el caso de la Guardería ABC, tienen nombres y apellidos.

1.- ¿Quién es el Contralor Interno del Seguro Social y el Subcontalor responsables de verificar los programas de guarderías del IMSS? ¿Quién lo designó? ¿En función de qué se le designó?

2.-¿Quién es el Despacho de Auditores Externos que año con año revisó tal Programa?

3.- ¿Quién es el Titular de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública que debió haber ordenado la revisión de tal Programa?

4.- ¿Quién era el titular de la Auditoría Superior de la Federación en el tiempo que acontecieron los hechos, cuántas revisiones hicieron y por qué no detectaron las irregularidades que ahora descubre la Corte?

5.- ¿Quien es el Delegado de la Secretaría de la Función Pública ante el IMSS, y qué tiene qué decir sobre el particular, y por qué en su función de Organo de Fiscalización, no detectó tales irregularidades a tiempo?

6.- ¿Quién es el Contralor Municipal?

7.- ¿El Síndico Municipal, qué tiene que decir al respecto?

Son corresponsables. No lo digo yo. Lo dicen las leyes.