El esfuerzo oficial por hacer creer que el problema del crimen se reduce a la esfera de los criminales y eventualmente de algunos mandos y corporaciones policiales corrompidas ha llevado a crear una ilusión: el resto de la estructura política y judicial del país esta incólume. Hay narcotraficante y policías corruptos pero no políticos involucrados en la industria criminal. Cae éste o aquél otro capo, o éste o aquél otro mando policial, pero nunca aparecen políticos involucrados en ese turbio negocio. Oficialmente, México sólo ha tenido un solo gobernador involucrado con el narco, todos los demás son autenticas santidades de la política nacional. Se ha formado así la idea de que los grandes narcotraficantes son tipos mal vestidos y encarados, torpes en su expresión pero de una enorme inteligencia porque, en esa lógica, producen droga, diseñan sofisticados sistemas logísticos para el trafico de ella, comandan ejércitos de sicarios y son inteligentísimos ingenieros financieros porque lavan dinero de mil y un formas y, como agregado, tienen un apreciable don empresarial porque expanden su industria a ramos tan diversos como la venta de protección, secuestro, extorsión, piratería, etc.