Los demonios sueltos en Monterrey

Lo advirtió, ya en julio de 2008, hace dos años y medio, Alejandro Junco al entonces gobernador Natividad González Parás: la inseguridad en Monterrey era ya insoportable. Desde ese tiempo los demonios deambulaban sin control. Amagado repetidamente, el presidente y director general del Grupo Reforma se vio ante un grave dilema: “comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro”. Optó por lo segundo.

Desde aquel 2008, la violencia criminal se ha acelerado en la capital de Nuevo León, su región metropolitana y la entidad entera. Para precaverse de peligros que intuyen o ven venir, una cantidad creciente de empresarios y profesionales de Monterrey se han asentado del otro lado de la frontera. Un buen número de estudiantes emigraron hacia el sur, después de que el 19 de marzo pasado dos graduados del Tec de Monterrey murieron a manos del Ejército, cuyos efectivos pretendieron hacerlos pasar como sicarios. Comunidades enteras están vaciándose. Datos del censo levantado por el INEGI el año pasado muestran que el éxodo se manifiesta sobre todo en los municipios del norte.

Una ciudad y su zona metropolitana que siempre se habían tenido como ordenadas y seguras se han convertido en una de las regiones más perturbadas por la violencia criminal, que va en continuo ascenso y ha merecido que gobiernos extranjeros, como el de España, adviertan a sus nacionales el riesgo de viajar allí, lo mismo que a Ciudad Juárez y Culiacán.

El año pasado fue especialmente alterado por los enfrentamientos entre bandas, por el desafío de algunos de esos grupos a las autoridades y por la guerra librada por las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. La suma de las víctimas llegó en 2010 a 610, de las cuales 79 fueron agentes de la autoridad y 24 personas sorprendidas por el fuego cruzado o simplemente por la incapacidad de policías y militares para dirigir con precisión sus ataques.

El gobierno del estado, a cargo de un inexperto e impasible Rodrigo Medina, que en los momentos críticos prefiere hacer mutis, está claramente rebasado por la incapacidad y la corrupción, lo mismo que varios gobiernos municipales.

La inseguridad creció aceleradamente en los últimos días de diciembre pasado y se desbocó al comenzar el nuevo año. El paso de un periodo a otro quedó marcado con el terrible secuestro y asesinato de una secuestradora, Gabriela Elizabeth Muñoz Tamez, presa en el penal de Topo Chico desde agosto de 2009. Una conjura la hizo salir de esa frágil (y al mismo tiempo tenebrosa) prisión dizque para conducirla al Hospital Universitario. En realidad se trataba de atraparla, como ocurrió con la complicidad de autoridades de la penitenciaría. Sus captores la torturaron y, todavía con vida, colgaron su cuerpo en un puente peatonal de una céntrica avenida regia. Murió por la asfixia del ahorcamiento, pero lo mismo le hubiera ocurrido por las lesiones que el maltrato le infirió.

Como es usual, se ignora el móvil y los protagonistas del bárbaro asesinato. En una comarca donde el alcalde panista de San Pedro, el mencionado Mauricio Fernández, se ha manifestado a favor de la acción directa de grupos duros contra la delincuencia, al margen de la ley, la sombra de una escuadra de ajusticiamiento se cierne sobre la ciudad. Sólo eso le faltaría a Monterrey.

Un día tras otro, muertes violentas como esa fueron acumulándose conforme avanzaba el nuevo año: en la primera quincena de 2011 sumaron 41, a razón de casi tres por día. Pero el lunes 17 la tasa se disparó: en tres enfrentamientos y ataques perdieron la vida 10 personas. Por lo menos dos murieron por una mala casualidad, porque estaban en el lugar y la hora inoportunos. Todavía sería peor el desenlace sólo unas horas después, pues la jornada letal se extendió durante las primeras ocho horas del martes 18. En esos dos días murieron 23 personas, una por cada hora.

La autoridad parecía no existir. No sólo era incapaz, en cualquiera de sus niveles, de impedir la matanza, sino que ni siquiera había una voz gubernamental que explicara los sucesos o, en el colmo de la impotencia, al menos expresara el pesar del gobierno a los deudos de los agentes muertos o de los caídos por daño lateral.

Cada vez que en Nuevo León arrecia la violencia se pretende que el remedio está en el arribo de fuerzas federales, que se muestran tan inútiles como las locales, aunque en éstas su conducta se agrava por la manifiesta complicidad con las bandas criminales, que por momentos llega a lo grotesco, como cuando patrullas de la policía municipal de San Nicolás, cuyo jefe fue detenido con ese motivo, bloquearon el paso de un convoy del Ejército que, aunque fuera tardíamente, iba en pos de delincuentes.

Sólo a partir de la corrupción se comprende que pase en Monterrey, y en Nuevo León, lo que está pasando. Los sucesos de Topo Chico muestran la falibilidad deliberada de la protección a puntos neurálgicos, o por lo menos la carencia de una notoria presencia disuasiva en ellos: ya dijimos que de allí se sacó a La Pelirroja para asesinarla el último día de 2010; una semana después, el penal fue atacado a balazos y con granadas, operación que en términos muy semejantes se repitió el 19 de enero. En el entretanto, dentro de la cárcel fue asesinado, de 23 puñaladas, Gabriel Ayala Romero, preso porque se le tenía como el líder de la piratería local. De más está decir que un atentado previo contra la prisión, en octubre pasado, no encendió las alarmas que hubieran podido inhibir y aun evitar los ataques posteriores.

Niño mimado

Plaza pública
Niño mimado de la política palaciega, Rodrigo Medina llegó al Gobierno sin haber estado en la intemperie política, sin experiencia en la toma de decisiones sobre fenómenos complejos. Su breve carrera, al lado de su antecesor y testador, Natividad González Parás... Surgidas del pasado (pues aún los efectos de los estragos climáticos se generan o acrecientan por indolencias y malos manejos previos), cayeron sobre Nuevo León, o agudizaron sus manifestaciones, dos temibles infortunios: la destrucción material provocada por las lluvias que llevaba consigo el huracán "Alex", y la expansión de la inseguridad que ya se sufría en los años del aprendizaje dorado del Gobernador Medina pero que se muestra de modo irrefrenable en estos días.

"Alex" bajo la mirada de Diego Huerta

Gracias a Marcela Corral he podido ver el brillante y revelador trabajo del fotografo regiomontano avecindado en EE.UU. Diego Huerta sobre la catástrofe ocasionada por el huracán Alex en Monterrey y la zona metropolitana. Aqui una breve muestra:

Poder y naturaleza

Afectados por la alteración del poder de la naturaleza y por la distorsión de la naturaleza del poder, la agenda de prioridades se trastorna hasta perderse. Lo urgente desplaza a lo importante y allí andan los gobernantes que, a pesar de la circunstancia, buscan tomarse fotos con los miserables para hacer creer que ahí estuvieron.

Casi por temporada, los gobernantes anuncian desastres naturales, reclamando la solidaridad urgente que, a la hora de ejercer el presupuesto, niegan a la ciudadanía. Entre el mal tiempo y el mal gobierno el numero de damnificados forma ya parte de la estadística nacional. Año tras año, la inercia del calendario impone la desgracia natural en turno que, superada en su expresión mas trágica, deja ver enormes capas de negligencia e indiferencia frente a algo que pese a su carácter natural, tenía mucho de error humano.

Vienen los llamados urgentes a buscar alimentos enlatados, agua, pañales, depósitos en cuenta y pasada la emergencia, las malas costumbres y las viejas rutinas regresan, apelando al azar para que el año entrante no se repita el desastre correspondiente.

Pasada la emergencia viene el descuido. Las políticas de fondo se abandonan. Los planes para reubicar colonias, para evitar la deforestación se aflojan. Entre el cambio climático y el gobierno defectuoso, año tras año, algún grupo de paisanos se topan con la perdida del patrimonio, de la osalud o de la vida. La foto de aquel hombre que arrastra el rio, de la casa con paredes pero sin techo, la imagen captada donde infinidad de manos claman una despensa. Todas esas ya no son estampas nuevas.
Anima ver como la ciudadanía se organiza para ayudar a sus vecinos y se moviliza para hacerles sentir que no están solos. Pero desanima que solo ante la emergencia se reconoce la gravedad de que no se ha hecho lo que se debe. Lo pero es que superada la emergencia provocada por el poder de la naturaleza, viene la denuncia de la naturaleza del poder que, a sabiendas de lo que podía ocurrir, desvió los recursos, abandono la obra, olvido el mantenimiento, tolero el asentamiento humano donde no debía o licito la obra a quien nunca la hizo.
En tiempos normales, fuera de emergencias, es de lo mas común ver como mas de un servidor publico conserva su cargo a pesar del escarnio que hace del mismo. Pedirle a la ciudadanía que se una sin reparo frente a las desgracias, se guarde su desconfianza ante las autoridades y obedezca lo que le pida es francamente imposible. Si cuando no hay desastres la arbitrariedad y la impunidad es marca de la conducta de muchos de quienes ocupan un cargo de representación o ejercen un mandato, no se puede pedir a la ciudadanía depositar en ellos su confianza y seguridad a la hora de los desastres.