No al comercio electoral electrónico

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Por fin la Suprema Corte resolvió el amparo de intelectuales contra la reforma constitucional que impide el comercio electoral en los medios electrónicos. El amparo fue solicitado en diciembre de 2007. Ha transcurrido tanto tiempo que por lo menos uno de los quejosos, Héctor Aguilar Camín, ya olvidó la fecha de la reforma. Cree que ocurrió en 2008, acaso confundiendo ese año con la reforma al código electoral que fue posible tras la operación constitucional. Pero él mismo y sus cofirmantes impugnaron las enmiendas constitucionales, no las de la ley secundaria respectiva. La Corte no resolvió el fondo del asunto que no toca a la libertad de expresión como sostienen los quejosos, sino a la libertad de comercio, porque no impide a nadie expresarse en materia electoral. Sólo prohíbe a los partidos contratar espacios en radio y televisión, como lo hicieron desde que en 1996 su prosperidad financiera les permitió pagar los elevados costos de tal tipo de emisión.

A fin de evitar el fraude a la ley, que consistiría en que intermediarios adquieran esos espacios vedados a los partidos, la reforma constitucional amplió universalmente los sujetos impedidos: nadie puede pagar por aparecer haciendo propaganda en los medios electrónicos. Lo que vemos actualmente todas las noches, por ejemplo Enrique Peña Nieto figurando en los noticieros hasta cuando estornuda, es una infracción a dicha disposición constitucional. Tal reforma dio lugar al establecimiento de un nuevo modelo de comunicación en el ámbito electoral, previsto en el código respectivo y a cargo del IFE. Parte de ese modelo es un complicado mecanismo de programación y monitoreo de la propaganda electoral que se aplicó por primera vez en la elección federal de 2009, y en las estatales de ese año y los dos siguientes.

No hay violaciones a la libertad de expresión. Lo han probado en su práctica profesional cotidiana al menos la tercera parte de los quejosos, participantes profesionales en emisiones de radio y televisión, que no han sido objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por abordar asuntos electorales. No han requerido, por lo tanto, acudir a los tribunales a denunciar violaciones a su libertad de expresión. Una jueza federal desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, al considerar que ese juicio de garantías no alcanza a proteger a los ciudadanos contra reformas constitucionales. Los quejosos lograron que la Corte atrajera el caso en octubre de 2008, y en enero pasado ese máximo órgano judicial se dispuso a resolverlo. Pero no consiguió hacerlo, por un empate. Había entonces una vacante y se produjo un empate, no sobre si había violaciones a la libertad de expresión, extremo al que no se llegó, sino sobre la procedencia, en el sentido de pertinencia, no de origen, del amparo. Cinco ministros sostuvieron que la Corte no puede revisar las reformas constitucionales, pues de hacerlo se situaría por encima del poder reformador, integrado por el Congreso federal y los estatales, es decir la representación popular, y cinco más opinaron que sí debe y puede hacerlo, pero que el amparo no es la vía adecuada para hacerlo.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es del mismo parecer que los del segundo grupo y deshizo con su voto el empate. De esa manera se confirmó el desechamiento dictado por la jueza en el comienzo de esta peripecia. Es previsible que la Corte atraiga la multitud de juicios semejantes, más de 200, que están sin resolverse en última instancia. La mayor parte de ellos fueron iniciados por el Consejo Coordinador Empresarial y los centros patronales con que funciona la Confederación Patronal de la República Mexicana. De haberse pronunciado la Corte en sentido contrario, por lo pronto los intelectuales y periodistas que demandaron el amparo hubieran quedado investidos de un extraño privilegio. Serían una especie de dueños de una patente que les permitiría comprar espacios vedados al resto de los ciudadanos, pues el amparo no surte efectos universales. Aun si el privilegio se extendiera después al resto de los quejosos no dejaría de producirse una situación extraña, pues como dijo el nuevo Ministro, estarían vigentes dos constituciones, una para los más y otra para los menos.

Los demonios sueltos en Monterrey

Lo advirtió, ya en julio de 2008, hace dos años y medio, Alejandro Junco al entonces gobernador Natividad González Parás: la inseguridad en Monterrey era ya insoportable. Desde ese tiempo los demonios deambulaban sin control. Amagado repetidamente, el presidente y director general del Grupo Reforma se vio ante un grave dilema: “comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro”. Optó por lo segundo.

Desde aquel 2008, la violencia criminal se ha acelerado en la capital de Nuevo León, su región metropolitana y la entidad entera. Para precaverse de peligros que intuyen o ven venir, una cantidad creciente de empresarios y profesionales de Monterrey se han asentado del otro lado de la frontera. Un buen número de estudiantes emigraron hacia el sur, después de que el 19 de marzo pasado dos graduados del Tec de Monterrey murieron a manos del Ejército, cuyos efectivos pretendieron hacerlos pasar como sicarios. Comunidades enteras están vaciándose. Datos del censo levantado por el INEGI el año pasado muestran que el éxodo se manifiesta sobre todo en los municipios del norte.

Una ciudad y su zona metropolitana que siempre se habían tenido como ordenadas y seguras se han convertido en una de las regiones más perturbadas por la violencia criminal, que va en continuo ascenso y ha merecido que gobiernos extranjeros, como el de España, adviertan a sus nacionales el riesgo de viajar allí, lo mismo que a Ciudad Juárez y Culiacán.

El año pasado fue especialmente alterado por los enfrentamientos entre bandas, por el desafío de algunos de esos grupos a las autoridades y por la guerra librada por las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. La suma de las víctimas llegó en 2010 a 610, de las cuales 79 fueron agentes de la autoridad y 24 personas sorprendidas por el fuego cruzado o simplemente por la incapacidad de policías y militares para dirigir con precisión sus ataques.

El gobierno del estado, a cargo de un inexperto e impasible Rodrigo Medina, que en los momentos críticos prefiere hacer mutis, está claramente rebasado por la incapacidad y la corrupción, lo mismo que varios gobiernos municipales.

La inseguridad creció aceleradamente en los últimos días de diciembre pasado y se desbocó al comenzar el nuevo año. El paso de un periodo a otro quedó marcado con el terrible secuestro y asesinato de una secuestradora, Gabriela Elizabeth Muñoz Tamez, presa en el penal de Topo Chico desde agosto de 2009. Una conjura la hizo salir de esa frágil (y al mismo tiempo tenebrosa) prisión dizque para conducirla al Hospital Universitario. En realidad se trataba de atraparla, como ocurrió con la complicidad de autoridades de la penitenciaría. Sus captores la torturaron y, todavía con vida, colgaron su cuerpo en un puente peatonal de una céntrica avenida regia. Murió por la asfixia del ahorcamiento, pero lo mismo le hubiera ocurrido por las lesiones que el maltrato le infirió.

Como es usual, se ignora el móvil y los protagonistas del bárbaro asesinato. En una comarca donde el alcalde panista de San Pedro, el mencionado Mauricio Fernández, se ha manifestado a favor de la acción directa de grupos duros contra la delincuencia, al margen de la ley, la sombra de una escuadra de ajusticiamiento se cierne sobre la ciudad. Sólo eso le faltaría a Monterrey.

Un día tras otro, muertes violentas como esa fueron acumulándose conforme avanzaba el nuevo año: en la primera quincena de 2011 sumaron 41, a razón de casi tres por día. Pero el lunes 17 la tasa se disparó: en tres enfrentamientos y ataques perdieron la vida 10 personas. Por lo menos dos murieron por una mala casualidad, porque estaban en el lugar y la hora inoportunos. Todavía sería peor el desenlace sólo unas horas después, pues la jornada letal se extendió durante las primeras ocho horas del martes 18. En esos dos días murieron 23 personas, una por cada hora.

La autoridad parecía no existir. No sólo era incapaz, en cualquiera de sus niveles, de impedir la matanza, sino que ni siquiera había una voz gubernamental que explicara los sucesos o, en el colmo de la impotencia, al menos expresara el pesar del gobierno a los deudos de los agentes muertos o de los caídos por daño lateral.

Cada vez que en Nuevo León arrecia la violencia se pretende que el remedio está en el arribo de fuerzas federales, que se muestran tan inútiles como las locales, aunque en éstas su conducta se agrava por la manifiesta complicidad con las bandas criminales, que por momentos llega a lo grotesco, como cuando patrullas de la policía municipal de San Nicolás, cuyo jefe fue detenido con ese motivo, bloquearon el paso de un convoy del Ejército que, aunque fuera tardíamente, iba en pos de delincuentes.

Sólo a partir de la corrupción se comprende que pase en Monterrey, y en Nuevo León, lo que está pasando. Los sucesos de Topo Chico muestran la falibilidad deliberada de la protección a puntos neurálgicos, o por lo menos la carencia de una notoria presencia disuasiva en ellos: ya dijimos que de allí se sacó a La Pelirroja para asesinarla el último día de 2010; una semana después, el penal fue atacado a balazos y con granadas, operación que en términos muy semejantes se repitió el 19 de enero. En el entretanto, dentro de la cárcel fue asesinado, de 23 puñaladas, Gabriel Ayala Romero, preso porque se le tenía como el líder de la piratería local. De más está decir que un atentado previo contra la prisión, en octubre pasado, no encendió las alarmas que hubieran podido inhibir y aun evitar los ataques posteriores.

Bravuconería priista

Moreira está imponiendo una locuacidad impregnada de bravuconería, ese estilo de habla populachera que confunde la sencillez y el lenguaje claro con la chabacanería y la insolencia. Se parece tanto en eso a Vicente Fox, que ha reproducido su anuncio sobre el exterminio de las tepocatas: filosofía política del más alambicado estilo, la más elevada alcurnia, la más profunda raíz.

Moreira representa el PRI autoritario del pasado, el habituado a imponer decisiones, el que no rendía cuentas porque no era permitido que nadie las demandara. No ha hecho más que política de campanario y ahora estará situado en un mirador más alto, desde el que contemplará horizontes más dilatados.

Tras pedir licencia para separarse del gobierno de Coahuila, hizo que la dócil legislatura nombrara al valido que él designó como gobernador sustituto. Jorge Torres ocupa ese lugar, después de haber sido secretario de Finanzas y de Desarrollo Social del ahora líder nacional. No sólo cubrirá las espaldas de su antecesor, sino que contribuirá a que otro designio de Moreira se convierta en realidad como por arte de magia: que su hermano Rubén sea elegido en julio próximo gobernador constitucional. En una suerte de reelección, la historia coahuilense registrará 12 años de gobernantes del mismo apellido, de la misma índole, de la misma familia.

¿Cómo explicar esta facilidad para sacar avante proyectos en apariencia extravagantes, por lo menos insólitos? Quizá la clave está en su amistad, o sometimiento, a dos personajes clave en la política priista de este momento. Una es Elba Esther Gordillo. Moreira es un delegado predilecto de la maestra, que le ha permitido ejercer otro rasgo de favoritismo apto para la construcción de un clan familiar dominante: Carlos Moreira, hermano menor de los gobernadores pretérito y futuro, ha sido, insólita y sucesivamente, líder de las dos secciones del sindicato magisterial en Coahuila. La otra piedra miliar sobre la que descansa la súbita proyección nacional de Moreira es el grupo que ha elegido a Peña Nieto como próximo presidente de la República. Un vigoroso núcleo de poder que busca combinar las atildadas formas de su candidato presidencial con la bravuconería rústica del líder partidario.

Niño mimado

Plaza pública
Niño mimado de la política palaciega, Rodrigo Medina llegó al Gobierno sin haber estado en la intemperie política, sin experiencia en la toma de decisiones sobre fenómenos complejos. Su breve carrera, al lado de su antecesor y testador, Natividad González Parás... Surgidas del pasado (pues aún los efectos de los estragos climáticos se generan o acrecientan por indolencias y malos manejos previos), cayeron sobre Nuevo León, o agudizaron sus manifestaciones, dos temibles infortunios: la destrucción material provocada por las lluvias que llevaba consigo el huracán "Alex", y la expansión de la inseguridad que ya se sufría en los años del aprendizaje dorado del Gobernador Medina pero que se muestra de modo irrefrenable en estos días.

Gente que se esfuma

En diciembre de 2008 desapareció Félix Batista, un consultor norteamericano en materia de secuestros, llegado a Torreón en ejercicio de su profesión, subido voluntariamente a un vehículo, lo que sugiere que eran conocidos suyos quienes iban a bordo, y del que no se sabe más a partir de entonces, para angustia de su familia radicada en Miami.
El 21 de marzo de 2009 desaparecieron 12 personas, procedentes del Estado de México, dedicadas a la venta de pintura. Viajaban en dos vehículos y en Piedras Negras realizaron su trabajo. "Alrededor de las 15.30 horas del día 21 los tripulantes de una de las camionetas se reportan con otros compañeros que se quedaron en Monclova e informen que no saben de sus compañeros que se encontraban en la otra camioneta. Después de esa llamada no se volvió a tener comunicación con los tripulantes de ambos vehículos". Otro caso asombroso, enigmático es quizá más grave aún, si es que en estos acontecimientos cabe gradación alguna. El 14 de mayo de 2007 desapareció en Cadereyta Hilario Vega Zamarripa. Él era trabajador de la refinería de Pemex en ese municipio de Nuevo León. Dirigía la sección sindical, la número 49, del sindicato petrolero. Su hermano David sufrió igual suerte poco después y así, en las siguientes horas y días, fueron privadas de su libertad, no se sabe por quién ni por qué causa, otros parientes de los Vega Zamarripa y otros petroleros, hasta sumar 37.
Nadie en sus cabales puede alegrarse de lo que ha ocurrido a Diego Fernández de Cevallos. Mientras se le rescata, sea propicia la ocasión para afirmar que nadie merece simplemente ser esfumado.

Desaparecidos

Desaparecidos
Miguel Ángel Granados Chapa

Han proliferado en México, en los años recientes, tres formas de privación ilegal de la libertad. La más difundida, y contra la que formalmente más se lucha, es el secuestro mercenario, es decir el que se practica como negocio, en que se exige el pago de dinero para rescatar a la víctima.
Los ha habido célebres, que figuran en la agenda pública durante un tiempo y hasta generan reacciones sociales y oficiales que en apariencia o realmente aceleran su combate. Y los hay tan de todos los días que, aun cuando su ejecución no llegue a los espacios y tiempos de los medios de comunicación, forman parte de la vida común de ciertos sectores vulnerables, pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, pues los deudos de las víctimas se someten a las reglas de los verdugos y ni siquiera dan parte a la autoridad, temerosos de que complicidades ocultas empeoren la situación.

Los levantones, otra forma violenta de privación ilegal de la libertad, suelen ser realizados por la delincuencia organizada, y las más de las veces son preámbulo del homicidio. En esos casos, media un lapso corto entre la captura y el hallazgo del cadáver, el suficiente para torturar a la víctima y arrojar su cuerpo con la intención de que se le encuentre y su hallazgo constituya un mensaje, si no es que lleva adosado uno explícito.
Finalmente, pero no con menor importancia, ha crecido el número de desapariciones forzadas de personas. En su comienzo pueden asemejarse a los levantones, pero sus víctimas no necesariamente mueren, o no de inmediato. Se distinguen de otras formas de privación ilegal de la libertad en que sus perpetradores son agentes del Estado, o actúan en connivencia con él.

Los Salinas y la partida secreta

Miguel Ángel Granados Chapa
Los Salinas y la partida secreta

Esta semana la Tesorería de la Federación recibirá más de 75 millones de dólares procedentes de las cuentas congeladas por Suiza a Raúl Salinas de Gortari en 1995. Con la devolución de ese dinero se comprueba que Carlos Salinas de Gortari utilizó recursos públicos en beneficio de sí mismo y de su familia, procedentes de la partida secreta del presupuesto federal, que en su sexenio sumó más de 850 millones de dólares. Por lo menos una octava parte de esos fondos, que debieron aplicarse a fines públicos, gubernamentales, fueron a dar a las cuentas suizas del hermano incómodo. En realidad, era conocido el tránsito de esos millones de dólares de las arcas públicas a cuentas privadas. Lo mencionó, airado, el propio Raúl Salinas de Gortari a su hermana Adriana en una conversación telefónica que se le permitió sostener mientras estaba preso en Almoloyita.
Furioso porque se sentía o sabía abandonado por su hermano el ex Presidente, el primogénito formuló amenazas que no llegó a cumplir. De alguna manera fue disuadido de hacer lo que anunciaba irritado: "Todo lo voy a aclarar, de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y dónde fueron. Porque creo, efectivamente, que la sociedad merece una aclaración completa… Voy a decir qué fondos salieron del erario público, para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Con esas mentiras a mí solamente me dañan y nadie se lo cree". Se quejó de su hermano: "¿por qué no me apoya?, ¿por qué no dice que los fondos son lícitos?... ¿por qué sale con el cuento ese de que 'me lastimó' y que 'me hizo mucho daño'?. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José (el hijo de Raúl) de que le mande dinero porque el dinero es de él. ¡Y venir a decir que no sabía nada!".

La partida secreta era un fondo multimillonario que el presupuesto federal asignaba a la Presidencia de la República, cuyo monto llegó a niveles escandalosos durante el sexenio de Salinas, que recibió más del doble que su antecesor. El Ejecutivo podía utilizar discrecionalmente esos fondos, que no estaban programados ni su gasto sujeto a comprobación y rendición de cuentas. Puesto que no tienen destino establecido, no puede hablarse de desviación de recursos. De esa circunstancia formal se valió la defensa de Raúl para eludir la acusación de peculado, aunque no ha podido todavía librarlo del último proceso que está abierto en su contra, el de enriquecimiento inexplicable.

Relación entre poderes

Miguel Ángel Granados Chapa
Relación entre poderes
Quedarán atrás los días del informe presidencial faraónico, así como los de la disputa para interrumpir al jefe del Estado o impedirle hablar. En adelante, no será necesario que se presente a entregar su mensaje, según la reforma inicialmente aprobada

Un primer resultado del periodo de sesiones extraordinarias consiste en establecer nuevas normas de relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La más vistosa es devolver al 1o. de septiembre su carácter de fecha inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso, evitando que, como ocurrió largamente, sea "el día del Presidente".
El próximo 1o. de septiembre Felipe Calderón no acudirá a San Lázaro, y se librará por lo tanto de las peripecias que él mismo ha padecido y que podrían repetirse en grado mayor, cualquiera que sea para entonces el status de sus iniciativas de reforma petrolera.
No por esa expectativa, sin embargo, sino porque el formato se agotó tardíamente, es sano que se modifique la manera en que el Ejecutivo rinda cuentas al Legislativo. El modo en que reinaba el presidente de la República sobre los otros poderes generó un endiosamiento que se expresaba el día del informe presidencial, presentado durante décadas ante una inmensa mayoría de legisladores dependientes del Ejecutivo y una breve e impotente oposición. Cuando creció la presencia de ésta y pudo romper la reverencia unciosa con que era obligado asistir a la ceremonia ritual, la figura presidencial empezó a estar en jaque. Las interrupciones al mensaje presidencial ya no fueron sólo para aplaudir sino para interpelar al Ejecutivo, lo que siendo imposible generaba fricciones entre el diputado que presidía la ceremonia y los cuestionadores, que se manifestaban no sólo pidiendo la palabra sino con gestos y ademanes de exigencia y reprobación. Se llegó al extremo en 2006, cuando se hizo inaplazable encontrar una relación más respetuosa entre el Congreso y la Presidencia.
Aunque desde siempre la Constitución establecía como deber del Ejecutivo presentar por escrito un informe sobre el estado que guarda la administración, la costumbre monárquica y alguna norma secundaria trocaron en obligatoria su lectura. La reforma será explícita en dejar a salvo de ese compromiso al Presidente, que pasó de ser gloriado a ser vilipendiado, para que se ahorre la pena previsible. Dirá el nuevo texto constitucional que "no será necesaria su presencia ante los legisladores".
Se modificarán otras normas en aras de mejorar la relación entre Los Pinos y el Congreso. Por ejemplo, se calificarán de preferentes ciertas iniciativas presidenciales. Es decir, el Congreso se obligará a abordarlas cuando el Presidente les otorgue ese carácter, a fin de que no vayan a la congeladora.
Si esa medida impide que los afanes presidenciales legítimos se vean obstruidos, la que concierne al "veto de bolsillo" debe obrar efectos en sentido contrario, evitar que el Ejecutivo dé al traste en la práctica con las tareas legislativas. Hasta ahora, la casa presidencial puede retener decretos aprobados en el Congreso sin promulgarlos y publicarlos, aunque no pretenda formular observaciones sobre ellos. En la nueva fórmula subsistirá la posibilidad del veto presidencial dentro de 30 días naturales posteriores a la recepción de la minuta procedente de la Cámara revisora. Transcurrido ese plazo sin que hiciera uso de su facultad de hacer observaciones al producto legislativo, estará obligado a publicar el decreto correspondiente en no más de 10 días. De no hacerlo, se producirá automáticamente la promulgación y el presidente de la Cámara de origen ordenará su publicación en el Diario Oficial.