Lo que no tiene Rodrigo Medina…

Lo que no tiene Rodrigo Medina es madre. Mientras fue secretario gobierno jamás tuvo ni siquiera una palabra de aliento para los afectados por el fraude en ucrem. Yo fui testigo de primera mano de un par de historias de estos adultos, de estos ancianos. Historias de angustia y de desesperación por los bienes perdidos. Lo que Medina debe entender es que esta paz relativa no es sinónimo de impunidad. Yo llevo en mi diario una crónica de las infamias cometidas. No se puede construir una sociedad sobre la impunidad como no se puede construir un edificio sobre un pantano. Los delitos hay que castigarlos. ¿Y todos los secuestrados, desaparecidos y asesinados se quedan así nomás, ya se le olvidaron a este sinvergüenza desmemoriado? ¿Qué fue de los jóvenes desaparecidos en Sabinas y en Santiago? ¿Que les respondió o les respondería a sus familiares y amigos? Hace poco anduvo por las tierras de mis padres limosneando votos. Yo le preguntaría: siendo secretario de gobierno y cobrando un sueldo ¿cuántas veces se paro en los municipios del sur del estado? ¿en las zonas pauperizadas? Adivinen la respuesta.

PENA DE MUERTE

Hay quienes piensan que la pena capital se justifica por 2 razones: por un principio de justicia elemental –el que a hierro mata a hierro muere- y por el poder de disuasión que tendría semejante castigo: no es lo mismo que un delincuente sepa que su crimen le costara la vida a que esté atenido a una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, en el extremo opuesto se sostiene lo contrario. No hay evidencias de que la pena de muerte tenga un verdadero poder de disuasión: el porcentaje de asesinatos en los países que mantienen la pena capital no es distinto a los países que la han abolido.
La pena de muerte les parece a los abolicionistas un acto de barbarie que no debe ser ejecutado por el estado, que es la instancia para asegurar una convivencia pacifica y civilizada. Dicen que a un acto irracional y salvaje no se puede responder con otro de la misma naturaleza. Quienes están a favor de la pena consideran que la justicia debe funcionar en forma retributiva: a un crimen debe corresponder una sanción semejante. Los que están en el otro bando afirman que la justicia no tiene como función restituir sino en la medida de lo posible regenerar. ¿Y cómo se podría regenerar a alguien cuando se le ejecuta? ¿Qué pasa si el sistema de justicia se equivoca? ¿Cómo se restituye el derecho de una persona que ha sido condenada y ejecutada injustamente?

Por Una Despenalización Utópica

Un aspecto polémico es la despenalización del consumo de la mariguana –que es diferente a una legalización de los narcóticos-, medida que buscaría reducir los márgenes de ganancia de las bandas criminales y bajar la presión sobre policías, jueces y políticos. Despenalizar no es una medida tan revolucionaria porque por doquier se reconoce que las políticas actuales no funcionan y el consumo no se reduce.
En Holanda hay cafeterías que abiertamente ofrecen hashish; en Inglaterra no se persigue a los consumidores argumentando que la policía debe concentrarse en combatir delitos mucho más graves; en E.U.A. el gobierno federal mantiene su rigidez, pero los gobiernos locales flexibilizan sus posturas –una decena de estados la acepta con propósitos medicinales.
No hay soluciones fáciles a la degradación de nuestras policías o a la violencia criminal causada por las drogas que se producen, trafican y consumen. Ningún cambio será fácil y los resultados tampoco serán automáticos. Hay enormes resistencias sociales, poderosísimas redes de interés y obligaciones internacionales que debemos cumplir. Es imperativo revisar la actual política y abrir el abanico de opciones. Está bien que se combata a los cárteles y a la corrupción y que se profesionalice el aparato de seguridad. Pero resulta criminal que ignoremos el consumo y descuidemos la prevención, la educación y la rehabilitación de los adictos y que no empecemos a considerar los pros y contras de medidas como la despenalización. Seguimos perdiendo la guerra y no estamos para desechar lo que otras sociedades están experimentando.

Legislación: No a las candidaturas independientes

No creo que la ley electoral viole la Constitución al exigir que las candidaturas sean amparadas por un partido. Si la ley electoral no viola la Constitución al exigir una credencial de elector para poder votar, no la viola tampoco al exigir el registro de un partido para ejercer el derecho a ser votado.
No creo saludable la figura de las candidaturas independientes. La democracia es un juego de equipo. Para competir, para gobernar, para rendir cuentas es necesario tener el cobijo institucional de un partido. No mejoraremos el sistema democrático si abrimos espacios al personalismo. Si queremos abrir la competencia, rehagamos el sistema de partidos, aligeremos los requisitos para conformarlos.

lujo

El lujo que más duele pagar es aquél que sabemos que alguien más esta disfrutando a expensas nuestras, aunque no siempre lo podamos comprobar. Este lujo es el que está a disposición de las burocracias. El común denominador es contar con legislaciones en las que la función publica no esta sujeta al escrutinio amplio y cotidiano de los ciudadanos. Es natural que los lujos sean frecuentados cuando no hay que pagar por ellos. Pero al margen de no tener que pagar por su refinamiento, los funcionarios tampoco incurren en ningún costo político. Difícilmente el electorado se enterará de quienes específicamente, entre los servidores públicos, están haciendo uso frívolo del erario. Por esta razón la tarea de los legisladores es incompleta. A ellos no solo les corresponde garantizarle al estado los recursos que le permitan un adecuado funcionamiento. Es también su responsabilidad asegurar la vinculación directa entre mayores impuestos y lo que debiera ser su destino: las necesidades apremiantes de los ciudadanos.

Juárez

Juárez era un ser lamentable en la medida en que carecía de la virtud más alta que hubiera podido o debido tener: la clemencia. La grandeza de Juárez es la del rechazo de la más alta posibilidad de ejercicio moral que le es dada al hombre: la de perdonar, la de no castigar, la de olvidar y seguir. Con la muerte de sus enemigos, una muerte que él podría haber evitado, su memoria se envilece, porque la vida vale más que el derecho ajeno y porque toda ley -si en ella se escuda su rigor- que obliga a matar hombres debe ser desobedecida hasta la muerte, pues, por encima de todo derecho, lo primero que hay que respetar es la vida, aun la de los perros o la de las hormigas. La vida de un criminal vale tanto como la de un santo en la medida, solamente, en que ambas son vidas humanas y no hay todavía manera de saber si la vida es un don o un castigo. De la resolución de esa disyuntiva dependería toda la concepción del mundo como cosa que puede ser conocida pero que para ello exige el propio sacrificio de la vida. Salvador Elizondo

párvulo semiidiota

Estoy muy alegre porque a este cómico disfrazado de político, este párvulo semiidiota, este político de pacotilla lo dejo su partiducho colgado de la brocha con la pretendida candidatura para gobernador siendo que estaba empecinado con el cargo. Jajaja.

la tortura

“Los perpetradores de la tortura destacadamente lo son las fuerzas policiacas. Detener y mantener la custodia sobre el individuo son requisitos indispensables para la tortura; de ahí que no sea extraño encontrar que las corporaciones policiacas registren frecuentemente la comisión del delito de tortura. Aun cuando las altas autoridades la repudien, la policía la efectúa al tener el control real, inmediato, sobre los individuos detenidos. No ha de soslayarse que en las tareas de inteligencia militar se ha recurrido a la tortura, no solo en tiempo de guerra sino los llamados estados de emergencia y aun en periodos de tranquilidad relativa. Las metas de la tortura son: obtener información, lograr una confesión u otra afirmación de utilidad legal o política, intimidar a la víctima o a otra persona relacionada con ella. Pero también puede constituirse en castigo, a fin de que la víctima deje de tener cierto comportamiento. No se excluye la venganza personal o la satisfacción sádica. En una consideración más amplia, estratégica, las metas pueden ser: preservar un sistema político de determinado grupo o desplazar a un grupo con poder político. Los motivos del torturador pueden ser: circunstanciales o presiones personales. El motivo circunstancial más dramático es la respuesta a la autoridad. Un numero asombrosamente alto de personas aparentemente normales desde el punto de vista sociológico pueden torturar simplemente por ordenes del superior. Aun cuando la idea de hacer que otro ser humano sufra es repulsiva para la mayoría, quienes deciden que deben practicarse la tortura ven únicamente las ventajas practicas a obtener”.
Las citas proceden del libro Arcana imperi. Apuntes sobre la tortura, escrito por Ignacio Carrillo Prieto en 1987.

Reelección y partidos abiertos

La reelección inmediata consecutiva de los legisladores permitiría la profesionalización de los cuerpos legislativos y abriría la posibilidad de que los ciudadanos calificaran el trabajo de sus representantes populares (a los buenos los premiarían con la reelección y a los malos los mandarían a su casa). Creo, sin embargo, que la reelección sería mucho mejor si estuviera acompañada de partidos abiertos que permitieran que cualquier ciudadano participara en el proceso democrático. En una democracia es tan importante el derecho a votar como el derecho a ser votado. Es muy legítimo que cualquier ciudadano, por más excéntrico que sea, pueda competir por un puesto de elección popular. El artículo 35 de la Constitución consigna el derecho a ser votado pero ordena que el ciudadano tenga “las calidades que establezca la ley”. Esta frase ha servido para establecer un sinnúmero de restricciones al derecho a participar en una elección. Hoy, gracias a este ordenamiento, tenemos un sistema democrático lleno de barreras para competir. No sólo en la Constitución, sino en las leyes secundarias como el Cofipe que incluye la provisión de que sólo los partidos pueden registrar a los candidatos. De esta forma, las candidaturas independientes están prohibidas.
En primer lugar, se permite la reelección de legisladores. En segundo lugar, los partidos grandes modifican las leyes electorales para que desaparezcan los partidos chicos y sea prácticamente imposible formar uno nuevo. En tercer lugar, los partidos grandes se cierran, establecen más restricciones al derecho a ser votado y privilegian que sus candidatos surjan de la militancia. Los electores tendríamos tres opciones en la boleta: tres candidatos populares para la gente de sus partidos pero quizá poco atractivos para los votantes independientes. Sin embargo, a uno de los candidatos ya lo conoceríamos: el que pretende reelegirse, el que ya estuvo en el Congreso durante años cortejándonos para que lo apoyáramos en su reelección. Naturalmente este candidato tendría una gran ventaja sobre los otros dos candidatos retadores que presumiblemente no serían tan populares por haber salido de las filas partidistas. De esta forma, la tasa de reelección de legisladores resultaría muy alta. Muy diferente sería si cualquier ciudadano tuviera el derecho de inscribirse en las elecciones primarias de un partido. Esto abriría más el juego electoral. Lo haría más competitivo. Los que pretenderían reelegirse enfrentarían a mejores retadores.
Precisamente esta es una de las virtudes del sistema político estadounidense: que los partidos son muy abiertos para que cualquier ciudadano pueda competir en las primarias. La reelección inmediata consecutiva de legisladores es una buena medida y mejora aún más cuando está acompañada de partidos abiertos a la ciudadanía. En cambio, si los partidos se cierran, el resultado podría ser el de una clase política reeligiéndose todo el tiempo no por ser los mejores sino por ser los únicos que hay. Enmendar la Constitución y autorizar que los senadores se reeligieran por un periodo adicional y los diputados federales hasta por tres periodos consecutivos. Además, se abriría la posibilidad de la reelección para los diputados locales. Por un lado, se permitiría la profesionalización de las cámaras y, por el otro, habría una mayor rendición de cuentas entre la ciudadanía y los legisladores. El futuro político de los senadores y diputados ya no dependería de su partido sino de su electorado. La ciudadanía tendría la posibilidad de calificar el trabajo de sus representantes. A los buenos, los premiarían con la reelección. A los malos, los echarían del Congreso. De esta forma, se fortalecería la representación política y se limitaría el creciente poder de los partidos.

la partidocracia

Estamos ante un riesgo: podemos pasar del presidencialismo autoritario de ayer a la partidocracia caótica de hoy; ir de la dictadura perfecta a la imperfecta confusión. El 2 de julio del año 2000 democratizamos la institución presidencial; nos falta ahora democratizar igual y verdaderamente la institución parlamentaria de modo que los diputados no representen a sus respectivos partidos sino a los distritos de donde salió su investidura. El servidor público debe servir al público, el representante popular ha de representar al pueblo. Esto que parece verdad de perogrullo es sana teoría política que en México no tiene aplicación.